Morelia, Michoacán.- En el estado de Michoacán, se han registrado preocupantes cifras en relación a sus centros penitenciarios y especializados. Con un total de 13 instalaciones en funcionamiento, la capacidad actual de camas útiles es de 5,653, pero la tasa de ocupación ha alcanzado un alarmante 114.5 por ciento.
Durante el año 2022, se destinaron mil 300.6 millones de pesos al presupuesto de los centros penitenciarios en Michoacán, situándose como la quinta entidad con mayor recurso ejercido en este ámbito. A pesar de esta inversión, los problemas persisten y requieren atención inmediata.
En cuanto a la población carcelaria, se registraron 2,861 ingresos durante el mismo periodo, de los cuales 2,651 fueron hombres y 210 mujeres. Por otro lado, hubo 2,450 egresos, con 2,257 hombres y 193 mujeres liberados. Actualmente, en Michoacán hay 6,473 personas privadas de la libertad, de las cuales 6,126 son hombres y 347 son mujeres.
La tasa de población penitenciaria en Michoacán, que mide la cantidad de personas privadas de la libertad por cada 100,000 habitantes, se sitúa en 132. Desglosando por género, la tasa para hombres es de 258, mientras que para mujeres es de 14.
Un dato relevante es que el 1.1 por ciento de la población privada de la libertad en Michoacán pertenece al pueblo purépecha, destacando así la necesidad de considerar las particularidades culturales y sociales de este grupo.
Lamentablemente, los centros penitenciarios en Michoacán también han experimentado un alto número de incidentes. Durante el año pasado, se registraron 126 incidentes en estas instalaciones, ubicando al estado en el quinto lugar a nivel nacional en términos de incidentes ocurridos.
Además, se presentaron 231 quejas ante la unidad especializada de los centros penitenciarios, lo que coloca a Michoacán en la octava posición a nivel nacional en este aspecto. Estas quejas probablemente reflejan preocupaciones relacionadas con la seguridad, los derechos humanos y las condiciones de vida dentro de las prisiones.
En cuanto a la distribución de personal, se observa que el 61.9 por ciento del personal en los centros penitenciarios estatales y especializados se dedica a funciones de custodia y/o vigilancia. Un 20.0 por ciento realiza labores técnicas o de operación, mientras que el 15.0 por ciento se ocupa de tareas administrativas y/o de apoyo. Un reducido 2.7 por ciento está encargado de asuntos directivos.
Ante esta situación, es evidente que se requieren acciones concretas por parte de las autoridades para mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad de los centros penitenciarios y garantizar la seguridad de los internos. Asimismo, es esencial atender las quejas presentadas y buscar soluciones a largo plazo que promuevan la reinserción social de los individuos privados de la libertad.
Con información del INEGI
Fotos: Alfredo Soria/ACG
