• Propone legisladora creación de la comisión de protección a la niñez y adolescencia en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La protección de los niños, niñas y adolescentes es una tarea impostergable, por ello, Daniela de los Santos, diputada local, propuso la creación de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, en el ánimo de generar de manera puntual y eficiente acciones que mejoren la calidad de vida de los menores de edad.

Al tomar la palabra en la tribuna del pleno legislativo, Daniela de los Santos refirió que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dio a conocer que 4 de cada 10 madres, y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberle pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación.

Ademas de que 2 de cada 10 mujeres revelaron que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias. Según los resultados, la proporción de violencia masculina es mayor en contextos rurales que urbanos.

 
En tanto que la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México (ENIM), al examinar diversas maneras de cuidado en el hogar, sin considerar la violencia escolar, institucional o digital, señala que 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante el último mes.

“Esta es una realidad que demanda ser atendida con urgencia, especialmente en el cuidado de las niñas y mujeres jóvenes que son quienes regularmente padecen más agresiones psicológicas que los niños; en cambio, los niños suelen ser disciplinados con cualquier tipo de castigos físicos o con formas más severas, lo que a largo plazo se traduce en conductas violentas que repiten en su entorno durante la vida adulta”, enfatizó.

Daniela de los Santos subrayó que la iniciativa dará voz a los menores de edad y abrirá la puerta para ser más vigilantes con las instituciones encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, recalcando que como legisladores y legisladoras no pueden ser ajenos a la construcción de políticas públicas que garanticen una niñez y adolescencia sana.