A 25 años de la llamada “reubicación” o “rescate” del Centro Histórico de Morelia, una de las comerciantes sobrevivientes de aquel operativo, Maribel Hernández, asegura que las autoridades de la época han mentido durante años al presentar ese episodio como un proceso ordenado y benéfico, cuando, en realidad —afirma—, se trató de “un vil desalojo” ejecutado con violencia y mediante el uso de la fuerza pública.
Maribel Hernández, quien formó parte de una de las asociaciones de comerciantes más importantes de la capital michoacana, recordó que durante el gobierno del exmandatario Víctor Manuel Tinoco Rubí se implementó una estrategia que, lejos de representar una solución integral para el comercio popular, terminó afectando gravemente a cientos de familias que dependían de sus ventas en el primer cuadro de la ciudad.
En entrevista exclusiva, la comerciante rechazó el discurso oficial que, durante años, ha sostenido que la medida permitió rescatar y dignificar el Centro Histórico.
“Dicen que fue un rescate, pero no lo fue. Fue un desalojo, y uno muy grave. Nos sacaron con policías, con empujones, con intimidación. Muchos fuimos tratados como delincuentes, cuando lo único que hacíamos era trabajar para sostener a nuestras familias”, relató.
A su consideración, el programa nunca fue planeado de manera adecuada, pues las plazas comerciales construidas para reubicar a los vendedores no lograron consolidarse económicamente.
Según explicó, a un cuarto de siglo de distancia, el balance es contundente: la mayoría de esos espacios fracasó.
“De todas las plazas que hicieron en las inmediaciones y fuera del Centro Histórico, prácticamente ninguna funcionó. La única que logró mantenerse con buenos resultados fue Plaza San Francisco. Todas las demás son un rotundo fracaso”, señaló.
La comerciante cuestionó, además, el uso de recursos públicos destinados a aquel proyecto, al recordar que se invirtieron grandes cantidades del erario y que incluso se contrató un préstamo millonario para financiar tanto la construcción de plazas comerciales como la de las terminales de camiones suburbanos, conocidas popularmente como “guajoloteros”.
Para Hernández, el impacto de aquella decisión no fue únicamente económico, sino profundamente humano.
Durante la entrevista narró episodios de tensión y violencia que quedaron marcados en la memoria colectiva de los comerciantes, especialmente los enfrentamientos con cuerpos policiacos durante los operativos de desalojo.
“Hay imágenes y recuerdos que nunca se borran. Los golpes, los jaloneos, el miedo… Todo eso dejó cicatrices”, expresó.
El paso del tiempo también cobró factura entre quienes vivieron ese proceso. Maribel Hernández lamentó que varios de sus compañeros comerciantes ya hayan fallecido.
Algunos murieron por causas naturales, derivadas de la edad avanzada que ya tenían entonces, pero otros —asegura— fueron consumidos por el deterioro emocional provocado por la pérdida de su patrimonio y de su fuente de ingresos.
“Muchos compañeros murieron. Algunos ya estaban grandes, sí, pero otros enfermaron de tristeza, de depresión, de ver cómo su negocio, lo que construyeron durante años, simplemente desapareció”, sostuvo.
A 25 años de aquel episodio que transformó la imagen del Centro Histórico de Morelia, persisten voces que exigen revisar críticamente el costo social de una decisión que, para muchos excomerciantes, representó no un rescate urbano, sino la pérdida de su forma de vida.
Humberto Castillo
