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Apenas el pasado 10 de diciembre se conmemoraba el día de los derechos humanos, fundamentales estos en la construcción de sociedades justas y dignas. La garantía de los derechos humanos resulta imprescindible para una sociedad que quiere transitar hacia la equidad, la igualdad y la justicia. Soy partidaria firme de que no podemos ensalzar por un lado el discurso cuando la práctica nos exige replantearnos los métodos y las alternativas para garantizar una vida plena y segura a quienes defienden, no por obligación, sino por convicción las distintas voces de la sociedad plural: activistas de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos en general, del medio ambiente, de la libertad de expresión, entre otros muchos ámbitos.
La triste paradoja es que ese mismo día amanecimos con la noticia del asesinato del comunero, defensor del medio ambiente y coordinador de la ronda comunal de Ocumicho, el señor Pedro Pascual Cruz. Su cobarde asesinato fue por defender su territorio impidiendo la incursión del crimen organizado.
Lamento profundamente la muerte de este comunero, no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero las comunidades que me conocen saben que soy una mujer de puertas y propuestas abiertas sin intermediarios con las comunidades indígenas y afromexicanas.
Mi lucha, ahora como legisladora y como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afroamericanos, se ha venido concentrando en el avance del derecho en estos sectores. Fui parte activa para la aprobación del reconocimiento a las rondas comunitarias y para que se les permitiera ejercer este derecho sin trabas, pero hay quienes hacen del derecho una herramienta para sus intereses, por lo que vuelvo a invitarnos a todos a seguir la función pública, a ver qué estamos haciendo cada persona en el encargo que el pueblo nos ha conferido.
Mi más sentido pésame y que la trascendencia del comunero Pedro Pascual como defensor de su territorio siga siendo enseñanza de la lucha y dignidad para seguir dando la batalla desde todos y cada uno de los espacios en los que nos encontramos, situamos y movemos.
No quisiera dejar de manifestar mi más enérgico repudio a la violencia, a la impunidad con la que ella mancha a las comunidades; no protestar por una vida libre de violencia es, desde mi posición como diputada, como un acto de traición a la dignidad del cargo. Las comunidades indígenas han luchado desde hace siglos por el territorio, por la autonomía y han resistido y resistirán. Pero el Estado seguirá siendo un intento fallido de democracia, de armonía y de pluralidad si no actúa, si no investiga, si no responsabiliza, si no repara.
