Por Asaid Castro y Félix Madrigal |ACG
La mañana comenzó con motores apagados y miradas encendidas.
Afuera de la Fiscalía General del Estado, sobre el Periférico Paseo de la República, los primeros camiones se alinearon como si formaran una barrera de metal y silencio. Desde temprano, comuneros de Arantepacua y simpatizantes fueron llegando en grupos, cargando no sólo consignas, sino nueve años de espera. No era una concentración cualquiera: era memoria organizada.
El aire todavía era fresco cuando apareció el humo.
El primer camión ardió en el libramiento, a la altura de la Fiscalía. Las llamas, breves pero intensas, marcaron el tono de la jornada: una mezcla de indignación, hartazgo y advertencia. A partir de ahí, la ciudad comenzó a sentir el paso de la movilización.
El contingente avanzó por avenida Siervo de la Nación como una marea que no se detiene. A su paso, los rostros se tensaban, los comercios bajaban cortinas, el tráfico se desbordaba en rutas alternas. En la Secretaría de Educación del Estado, los manifestantes irrumpieron en el interior del edificio; no hubo pausa, sólo una continuidad de pasos que exigían ser escuchados.
Más adelante, las acciones escalaron.
Una cortina metálica cedió en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción. Papeles volaron hacia la calle, como si quisieran contar otra versión de la historia. Por un momento, la intención de quemarlos flotó en el ambiente, pero fueron los propios manifestantes quienes contuvieron el impulso. La tensión no desapareció, sólo cambió de forma.
El fuego regresó kilómetros adelante.
Un camión de la empresa Epura fue incendiado casi frente al Instituto de la Juventud. Ya eran varias unidades vandalizadas. En Tres Puentes, el escenario se volvió más áspero: una camioneta de DHL ardía mientras, sobre el puente, un elemento de seguridad era golpeado en medio del forcejeo. La escena era caótica, fragmentada entre gritos, sirenas y el crepitar del fuego.
La marcha no se detenía.
En las inmediaciones del monumento, una camioneta oficial fue destrozada y una motopatrulla terminó consumida por las llamas. Cada punto del recorrido dejaba una marca, una señal de que la protesta no buscaba pasar desapercibida.
Y sin embargo, no todo fue confrontación.
Al llegar al Palacio de Justicia, el contingente encontró un momento de respiro. Ahí, la protesta se volvió presencia. Los comuneros permanecieron de forma pacífica, como si el peso de la jornada encontrara, por fin, un lugar donde asentarse.
En el Centro Histórico, el contraste era evidente. El Palacio de Gobierno permanecía blindado con vallas metálicas y un operativo de seguridad que anticipaba cualquier desenlace. La ciudad, partida en dos, observaba.
Horas después, la voz tomó el lugar del fuego.
Representantes de Arantepacua y su asesor jurídico hablaron de lo que sigue: llevar el caso más allá de las fronteras, incluso hasta instancias internacionales. La posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional no fue una amenaza, sino una ruta. La exigencia, insistieron, es la misma desde hace nueve años: justicia sin excepciones.
Porque el origen de todo sigue ahí, intacto en la memoria colectiva: el 5 de abril de 2017.
Al caer la tarde, los camiones comenzaron a retirarse uno a uno. La ciudad recuperó, poco a poco, su ritmo habitual. Pero algo había cambiado: las huellas del paso, el humo disipado y los restos en el asfalto recordaban que la jornada no fue un episodio aislado, sino parte de una historia que sigue abierta.
La marcha terminó.
La exigencia, no.
Foptos Asaid Castro y Félix Madrigal |ACG
