Hidalgo, Michoacán. — En San Matías el Grande, comunidad otomí enclavada en el oriente de Michoacán, la insuficiencia renal dejó hace años de ser un diagnóstico aislado. Aquí no se habla de estadísticas nacionales ni de tendencias médicas abstractas: se habla de hijos, hermanos, padres. Se habla de quién cayó primero… y quién podría ser el siguiente.
Desde hace más de dos décadas, los casos comenzaron a multiplicarse. Lo que en un inicio parecía coincidencia terminó por convertirse en patrón.
“Actualmente esta enfermedad abarca todas las edades. Tenemos desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores”, afirma Roque Martínez Hernández, contralor e integrante del Consejo Comunal.
Las cifras oficiales son limitadas. Las comunitarias, más alarmantes.
Un porcentaje que preocupa
De acuerdo con Alejandra Martínez García, consejera de salud, en San Matías tienen identificados alrededor de 50 pacientes renales. En proporción, representa cerca del cinco por ciento de la población local.
Pero ese número no refleja la totalidad del problema. Muchos casos no están diagnosticados formalmente. Otros aún no han llegado a la fase de hemodiálisis.
Cuando el conteo se amplía a comunidades cercanas como San Pedro y Alta Huerta, las estimaciones comunitarias hablan de hasta un 35 por ciento de personas con algún tipo de afectación renal.
No existe, hasta ahora, un censo epidemiológico oficial que confirme o descarte esas proporciones.
El hospital que no alcanza
El impacto se refleja en el sistema de salud regional. Según las autoridades comunales, el hospital cuenta con 19 máquinas de hemodiálisis. No todas funcionan. Y la demanda supera la capacidad instalada.
Pacientes han esperado meses para obtener un espacio. Otros, dicen, no logran sobrevivir el tiempo suficiente.
“El año pasado fallecieron cinco personas aquí en San Matías por esta enfermedad. Este año ya va una”, señala Roque Martínez.
La hemodiálisis no cura: prolonga. Obliga a viajar, esperar, resistir horas conectados a una máquina que sustituye lo que el cuerpo ya no puede hacer.
El costo de seguir vivos
Más allá del diagnóstico médico, la insuficiencia renal se convierte en un problema económico.
Una sesión particular puede costar entre mil 500 y dos mil pesos. La colocación de un catéter ronda los cinco mil. Medicamentos, estudios, traslados y alimentación especial se suman al gasto.
En una comunidad donde predominan la alfarería, el comercio informal y el trabajo doméstico, el tratamiento implica endeudamiento constante o abandono terapéutico.
Aquí, enfermar no solo duele: empobrece.
Dos familias, dos explicaciones
Yolanda Romero Martínez recuerda cuando su hijo Arturo comenzó a hincharse de los pies y a vomitar. Tenía 17 años.
Los estudios revelaron que uno de sus riñones era pequeño y no funcionaba correctamente; el otro trabajó hasta que colapsó. Los médicos le dijeron que era una condición “de nacimiento”, posiblemente asociada a una mala alimentación durante el embarazo.
Años después, su hija Viviana recibió un diagnóstico similar.
Arturo lleva años en hemodiálisis. Las sesiones le provocan mareos, baja presión, dolor. Hubo un periodo en que la familia pagó tratamiento privado porque no había espacio en el hospital público.
“Es muy costoso y muy triste”, resume Yolanda.
A unos metros de distancia vive José Cornelio Martínez, de 30 años. Su historia es distinta.
Comenzó con cansancio extremo. Tiene antecedentes familiares de enfermedad renal. Para él, la causa es hereditaria.
“Yo siento que es herencia”, dice.
Su esposa, Martha Estela, recuerda que primero les diagnosticaron colesterol y triglicéridos altos. Solo después confirmaron insuficiencia renal avanzada.
En Morelia recibieron versiones contradictorias: un especialista descartó relación con el agua; otro dijo que sí podía existir.
Esa incertidumbre es parte del desgaste.
El agua bajo sospecha
Para el Consejo Comunal, la explicación no puede reducirse únicamente a genética o alimentación.
Roque Martínez señala que el incremento de casos comenzó hace unos 25 años. Antes, dice, los abuelos bebían agua directamente del manantial sin que se registrara esta frecuencia de enfermedad.
La comunidad refiere la existencia de estudios recientes que detectaron metales pesados en el agua. Mencionan arsénico como el elemento encontrado en mayor concentración y la posible presencia de plomo.
El señalamiento conecta con la denuncia pública realizada el 15 de enero de 2026 por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que acusó a la Central Geotérmica Los Azufres de contaminar agua y suelo en municipios como Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío durante más de tres décadas.
En ese posicionamiento se citó el proyecto “La enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial” como sustento técnico.
Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad sostiene que cumple con la normatividad ambiental vigente.
No existe hasta ahora una resolución definitiva que establezca una relación causal directa.
Sin prevención, solo reacción
En San Matías no hay un programa permanente de detección temprana. Las personas acuden al médico cuando los síntomas son graves: hinchazón, vómitos, fatiga extrema.
Para entonces, el daño renal suele estar avanzado.
Cada semana, varios habitantes deben conectarse durante horas a una máquina que limpia su sangre.
La insuficiencia renal aquí no es una estadística abstracta. Tiene rostro. Tiene apellido. Tiene niños y adultos jóvenes.
Mientras las causas siguen en debate —herencia, alimentación, agua contaminada o una combinación de factores—, la enfermedad continúa avanzando.
Y en cada casa la pregunta es la misma:
Quién sigue.
Y por qué.
