Por: Alfredo Soria / ACG

Morelia, Mich., 17 de junio.– En Morelia, la inseguridad ha llevado a muchos residentes a tomar medidas drásticas para protegerse: cerrar sus calles con rejas y controles de acceso. Esta práctica, impulsada por una necesidad legítima de seguridad ante la falta de vigilancia policiaca, representa también un conflicto legal, ya que el cierre arbitrario de vías públicas es ilegal.

La autoprotección como respuesta a la inseguridad

La tendencia a cerrar calles no es nueva en Morelia; lleva años repitiéndose. Vecinos, hartos de ser víctimas de la delincuencia, deciden limitar el acceso a sus calles, transformándolas en espacios semi-privados. Esta decisión surge de la frustración ante la escasa respuesta y presencia de la policía municipal.

Colonos buscan seguridad: historias de cierres

Germán García, exencargado del orden en la colonia Los Manantiales durante casi 14 años, recuerda cómo la inseguridad los obligó a actuar hace aproximadamente 14 años.

“Había muchos robos. A dos personas las asaltaron a las seis de la mañana al abrir sus puertas; una fue despojada de su auto a punta de pistola. Otro vecino vivió algo similar en la misma mañana”, relata García.

Ante la ausencia de la policía, decidieron tomar medidas por su cuenta. El cierre de calles generó múltiples enfrentamientos legales con el ayuntamiento.

“Tuvimos problemas, demandas. Nos citaron a todos por haber cerrado. Nos quitaron piedras, tumbaron la caseta… pero la volvimos a poner”, recuerda.

La respuesta del municipio era siempre la misma: “La policía no alcanza”.
Con el cambio de administración y la constitución de una asociación civil, Unidos por Manantiales, finalmente obtuvieron el permiso para cerrar las calles. Desde entonces, dice García, “vivimos en paz”.

El caso de la colonia Esther Tapia: dos décadas de rejas

En la calle Francisco Sarabia, una vecina (quien pidió anonimato) cuenta que cerraron la calle hace unos 20 años, cuando los robos de baterías y equipos de sonido eran comunes. La autorización fue gestionada por líderes vecinales, incluido el entonces encargado del orden, Mario Mejía.

Hace ocho años, el Ayuntamiento colocó sellos de “cancelado” en las rejas. Sin embargo, los vecinos realizaron los trámites necesarios para conservarlas.

“Pedíamos permiso o que pusieran vigilancia. Nos dijeron que no había suficientes policías para venir a cuidarnos”, relata la vecina.

Actualmente, los vecinos de esa calle —que no es vialidad principal— están de acuerdo con el cierre por razones de seguridad.

El abogado: un conflicto entre derechos y la inacción municipal

El abogado Leonardo Quevedo Domínguez, especialista en litigio, expone el dilema legal:

“Las vialidades las traza el Ayuntamiento conforme a un plan de desarrollo. Cerrar una calle afecta el derecho al libre tránsito, pero también se enfrenta al derecho a la privacidad y a la seguridad”.

El Ayuntamiento puede otorgar permisos para estos cierres, siempre que se realice un estudio técnico. Sin embargo, estos permisos no tienen vigencia ni se reflejan automáticamente en sistemas de navegación o movilidad.

Para Quevedo, el problema radica en la falta de respuesta institucional:

“En Manantiales, donde yo participé un poco, los vecinos no hicieron bien los trámites, pero también es cierto que el Ayuntamiento no respondió. Actúan cuando la ciudadanía ya está harta y toma su propia protección”.

Subraya que el cierre debe evitar dañar a terceros o afectar la movilidad de otras colonias, por lo que es indispensable un análisis técnico.

Villas del Real: rejas retiradas, seguridad en suspenso

El caso más reciente es el de la colonia Villas del Real, donde los vecinos se manifiestan desde hace días por el retiro de sus rejas. Elías Mendoza denuncia la falta de vigilancia y la “prepotencia desmedida” del gobierno municipal de Alfonso Martínez, señalando directamente al secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, por romper un acuerdo verbal.

Las rejas protegían la colonia desde 2004, tras múltiples robos. Fueron retiradas por 20 o 30 policías, encabezados por una funcionaria identificada como Abigaíl González, sin notificación oficial previa.

“El lema ‘Morelia brilla’ no se refleja aquí; vivimos en tinieblas y abandono”, expresa Mendoza, quien señala que 101 de las 104 familias apoyan el cierre.

Sospecha que detrás de la decisión hay tráfico de influencias, ya que una vecina inconforme tendría vínculos con la esposa del secretario del Ayuntamiento.

El 12 de junio por la noche, vecinos de Villas del Real detuvieron a un ladrón, demostrando que la necesidad de seguridad sigue vigente y, en muchos casos, es cubierta por los propios ciudadanos.


La situación en Morelia refleja un dilema cada vez más común en ciudades del país: el choque entre el derecho ciudadano a vivir seguro y la incapacidad institucional para garantizarlo. En ese vacío, los vecinos levantan rejas… y barreras legales.

📸 Fotos: Alfredo Soria / ACG